La insolvencia es la falta de recursos económicos para cumplir las obligaciones monetarias de un ente económico (persona o empresa) en los tiempos acordados, tiene como fin preservar la generación de valor agregado, normalizar y proteger el crédito, bajo amparo por la ley.
Esta reglamentada bajo la ley 1116 de 2006 y Decreto 560 de 2020 para las empresas y personas naturales comerciantes y por el Decreto Nacional 2677 de 2012 para personas naturales no comerciantes.
Consiste en postergar los pagos de las obligaciones a través de un acuerdo entre las partes (Deudor y Acreedor). Para las empresas implica una reestructuración operacional y administrativa de los activos y pasivo y la identificación de viabilidad financiera en el tiempo o en caso de liquidación busca la obtención del máximo provecho del patrimonio del deudor y su distribución. Para las personas naturales implica un replanteamiento en el pago de las deudas.
De acuerdo con cifras de super intendencia de sociedades al cierre de 2020 el total de solicitudes de insolvencia fue de 1292 un incremento del 1.6% respecto 2019, el incremente más bajo de los ultimo 6 años.
La cantidad de solicitudes de insolvencia en 2020 no muestra el impacto completo de emergencia económica generada por la pandemia, al contrastar esta cifra contra los datos de desempleo y desaceleración de la económica hacen suponer un incremento significativo para 2021.